Como hemos visto en el último post, Repsol es una multinacional presente en muchos países y que es propiedad en más de un 50% de capital extranjero, es decir, de otras empresas y fondos de inversión de fuera de España. También es una multinacional que en su crecimiento no ha distribuido con equidad y en el seno de la empresa los beneficios obtenidos, ni en épocas de bonanza ni en épocas de crisis. Y también es una empresa que opera en paraísos fiscales a través de dos vías. En primer lugar porque su propia actividad productiva se realiza en territorio geográfico considerado paraíso fiscal y en segundo lugar porque probablemente sus operaciones financieras se realicen allí aprovechando lo anterior.

Ello nos da algunas pistas de por qué no debemos considerar a Repsol una empresa modelo y española. Pero todavía quedan algunos cabos sueltos por resolver. Y es que, efectivamente, Repsol contrata trabajadores en nuestro país y además paga aquí el impuesto de sociedades, todo lo cual contribuye de forma positiva a la economía española. Por ello necesitamos arrojar luz sobre esta cuestión.

Antes de comenzar cabe considerar que Repsol es un grupo empresarial compuesto por una gran cantidad de empresas y filiales que operan en distintos países. Mientras no observe lo contrario, las cuentas aquí expuestas se refieren al conjunto del grupo.

Repsol tuvo en 2010 un total de 60.430 millones de euros en ingresos. De esos ingresos hay que restar el gasto en aprovisionamientos (36.184 millones; 58’87%), el gasto en personal (9.916 millones; 16’40%) y otros gastos (4298 millones; 7’11%). Todo ello deja un resultado de explotación de 7.621 millones. Como también hay ingresos y gastos financieros, como consecuencia de operaciones de esa naturaleza -tales como beneficios y pago de préstamos-, el resultado financiero es de -1.008 millones de euros.

Es decir, Repsol tuvo en 2010 un total de 6.613 millones de euros en beneficios antes de impuestos. Eso es lo que declaró que había ganado. De ese total, 1.641 millones (24’8%) los obtuvo en España, 1.416 millones (21’41%) en Argentina y 3.556 (53’77%) en el resto de países. Esto nos dice que el «mercado» español no es ni una cuarta parte del beneficio de la multinacional.

Y ahora llega la parte de pagar impuestos. Las regulaciones fiscales varían entre países, en función de múltiples criterios, de forma que no se paga lo mismo en España que en Argentina o que en un paraíso fiscal. En el año 2010 el impuesto nominal a pagar era del 30% en España, del 28% en el régimen especial de Bizkaia, del 35% en Argentina, del 35% en EEUU, del 34% en Brasil, del 25% en Bolivia, del 50% en Venezuela, del 65% en Libia y del 25% en Ecuador, por poner algunos ejemplos. Pero esos porcentajes se aplican sobre la llamada base imponible, que no coincide con el resultado declarado por las entidades.

En efecto, Repsol declaró en España que había ganado 1.641 millones de euros, pero los legisladores españoles consideraron que había que sumar -por distintas razones- una cantidad importante de modo que se acabara pagando impuestos sobre una cantidad mayor. Finalmente, en 2010 la base imponible de Repsol en España subió a 3.534 millones de euros.

A esos 3.534 millones se les aplicó el tipo nominal español, del 30%, de modo que la llamada cuota íntegra fue de 1.060 millones de euros. Esa era la cantidad que Repsol hubiera tenido que pagar a las arcas públicas. Pero Repsol se acogió a una cantidad importante de deducciones fiscales, es decir, incentivos que el Estado proporciona y con los que permite pagar menos impuestos. Esas deducciones ascendieron a 913 millones de euros. Pero a la vez tuvo que pagar por ajustes complementarios en el impuesto. El resultado neto fue que Repsol pagó un total de 949 millones de euros. Eso significa que el tipo efectivo en España fue de un 26’85%. Y en el conjunto del mundo Repsol pagó con un tipo efectivo de 26’34%.

No es un tipo efectivo demasiado bajo, pues las deducciones a las que se acogen las empresas españolas hacen que al final el tipo efectivo medio (del conjunto de las grandes empresas) esté entre el 10% y el 15%. Pero Repsol opera en un sector con impuestos especiales, lo que permite explicar ese dato final. No obstante, un 26’85% no es el 30’00% del tipo nominal, de modo que existe lo que se llama «gasto fiscal» (dinero que el Estado deja de ingresar). Por no hablar de que el Impuesto de Sociedades es, en mi opinión y más aún en un contexto como este, demasiado bajo.

Ahora bien, ¿qué enseñanzas podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que Repsol contribuye a los Estados con un total de 1.742 millones de euros, de los cuales 949 millones (54’47%) los paga en España. Ni todos los beneficios ni todos los impuestos los obtiene en España. En segundo lugar, Repsol utiliza paraísos fiscales y desconocemos las cifras reales que debería pagar en ausencia de esos mecanismos de evasión y elusión fiscal. En tercer lugar, la parte que no son impuestos es reinvertida o repartida entre accionistas que son por lo general bancos y grandes empresas -y mayormente extranjeras-. Y finalmente un apunte, la creación de puestos de trabajo es relativamente escasa (43.298 personas en el mundo, 19.761 personas en España).

En definitiva, en el proceso de desarrollo e internacionalización de Repsol se produce un crecimiento de la riqueza a distribuir. Esa distribución es muy desigual en el seno de la empresa (ver artículo anterior) y es también desigual en las relaciones entre empresa y Estado (aplicación del tipo efectivo). Es decir, en el proceso de desarrollo de Repsol hay distintos y desiguales ganadores, siendo los grandes capitales los que más ventaja obtienen, mientras que el Estado y los trabajadores quedan detrás y en mucha menor medida.

Faltaría incluir en este análisis aspectos ya tratados con anterioridad. Por ejemplo, el efecto que tienen las operaciones de Repsol sobre el medio ambiente, sobre la economía de destino y sobre el sistema financiero, todo lo cual son costes no necesariamente económicos que deben tenerse presentes. Y finalmente un elemento aún más importante: ¿no sería más adecuada una forma distinta de administrar Repsol? Es decir, cambiar esas distribuciones (dentro de la empresa y hacia fuera -Estado-) a partir de nuevas leyes que vayan desde la subida de impuestos hasta la nacionalización de la entidad. Sólo en esos casos, especialmente el segundo, tendría sentido hablar de una empresa al servicio del pueblo (siempre que los beneficios se reinvirtieran en el mantenimiento o creación de servicios públicos).