En política económica sabemos que una forma abstracta pero eficiente para clasificar las determinadas actitudes y decisiones políticas en materia de economía es recurrir a los conceptos de (neo)liberalismo, socialdemocracia y socialismo. Entendemos que las políticas liberales son, en general, aquellas que aspiran a liberar al mercado de las cadenas estatales (regulaciones de todo tipo, entidades públicas, etc.); las políticas socialdemócratas son las que se centran en mantener un determinado equilibrio entre el libre mercado y la intervención estatal, normalmente haciendo soportar sobre sus bases un gran Estado del Bienestar; y las políticas socialistas son aquellas que no tienen lugar dentro del marco económico capitalista sino que se llevan a la práctica una vez superado éste.

Atendiendo a este criterio tendemos a pensar respectivamente en los tres principales partidos políticos en nuestro país: Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida. Efectivamente, desde un enfoque de clases parecería lo más sensato y correcto. No en vano, el libre mercado sin trabas agudiza las desigualdades y favorece absolutamente a las clases más pudientes, aquellas que estarían representadas en España por el Partido Popular; una adecuada intervención del Estado en la economía amortiguaría esa tendencia e incluso, con ciertos límites, podría corregirla, algo que se supone es la aspiración de las clases medias representadas teóricamente por el Partido Socialista; y finalmente sólo los más convencidos y/o perjudicados por el actual sistema abogarían por suplirlo por otro más justo y adecuado, lo que estaría en la línea de los postulados de Izquierda Unida.

Sin embargo, es obvio que esto no es del todo cierto. Somos conscientes, por ejemplo, de varias cosas que estropean nuestro limpio esquema: la primera, que la dinámica capitalista no obedece ciegamente a los simples vaivenes de alteración de poder político o, dicho de otra forma, que el sistema económico capitalista tiene que ajustarse con independencia de quien gobierne; la segunda, que los lobbys y los grandes entramados empresariales (Repsol, Prisa, BBVA, Santader, etc.) han alcanzado un poder tal que ningún partido en el gobierno se ha atrevido a otra cosa que no sea a satisfacerles plenamente; y la tercera, que la conciencia de clase sólo es válida, al menos en nuestro tiempo, para las clases más pudientes y no tanto para los explotados y marginados.

Lo que me interesa resaltar es que, como resultado de todo lo anterior, tanto las políticas económicas del Partido Popular como las del Partido Socialista se pueden englobar en la misma categoría: neoliberalismo.

El hecho de que a finales de los sesenta la economía capitalista entrara en crisis de forma global, esto es, afectando a todos los elementos y países que componen la economía mundial, supuso necesariamente asumir que la salida a la misma tenía que ser también mundial. Si el neoliberalismo se mostraba efectivo a la hora de recuperar las tasas de ganancia, tendría que aplicarse en todos los espacios capitalistas que quisiesen salir de la crisis, y no sólo en unos cuantos lugares pioneros como Estados Unidos o el Reino Unido. Así, las reformas estructurales (mercado de trabajo, liberalizaciones, privatizaciones…) habrían de acometerse por doquier.

España no podía ser menos y, habiéndose insertado en la economía mundial a partir de la integración en la Unión Europea, tuvo que adaptar su estructura económica a la que requeria su posición. Para competir internacionalmente España llevó a cabo una serie de reformas fundamentalmente neoliberales: se especializó en sectores como el turismo y la construcción y abandonó la política industrial, mientras simultáneamente comenzaba a privatizar y desestructurar las empresas públicas (Telefónica, Argentaria, Iberia, etc.), y a reformar los mercados laborales y los sistemas fiscales.

La tendencia siempre ha sido la misma: dar una y otra vuelta de tuerca neoliberal más en cada reforma. Los cambios fiscales han supuesto hacer aún más regresivo el sistema impositivo, bien rebajando los tipos o bien modificando los tramos, pero siempre beneficiando a las clases más pudientes. Por ejemplo, las últimas reformas del PSOE han llevado a rebajar tipos en el Impuesto  de la Renta para Personas Físicas (IRPF) e Impuesto Sociedades (IS), así como a suprimir el Impuesto del Patrimonio (IP). Medidas todas ellas claramente regresivas.

Las reformas laborales han perjudicado a los trabajadores en beneficio de los empresarios, sobre todo mediante el recurso a la “flexibilidad del trabajo”. Por ejemplo, en el siguiente gráfico podemos observar con meridiana claridad cuál es el efecto en la distribución funcional de la renta en España de la aplicación de las políticas neoliberales. Lo que vemos es el porcentaje del crecimiento económico que le corresponden a los salarios (el resto son las rentas mixtas y los beneficios del capital), y el resultado es claro: retroceso progresivo pero radical.

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Es sumamente interesante comprobar cómo esta tendencia no guarda relación alguna con la alternancia en el poder de los distintos partidos políticos. Es decir, el neoliberalismo es técnicamente común a las políticas económicas del Partido Popular y a las del Partido Socialista. Sin importar quién gobierne, la tendencia es subyacente y los efectos se hacen notar en cualquier caso.

Y esto último debería incitarnos a la reflexión: ¿es lógico que un partido pretendidamente socialdemócrata -PSOE- lleve a cabo políticas económicas que perjudican de una forma tan clara a los trabajadores? ¿en qué lugar queda la democracia si en un sistema bipartidista de facto nada puede cambiar? ¿No será, sencillamente, que ambos partidos -PP y PSOE- han sido desde hace mucho tiempo un instrumento del capital para lograr sus propios objetivos?

Esta última es mi opinión personal, sobre la que ya hablaré con más detenimiento, y que veo constrastada en cada decisión en materia de política económica o en cada cambio de chaqueta de sus asesores económicos. El caso más extraordinario es el de David Taguas. Este hombre fue subdirector de estudios del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), uno de los grandes bancos españoles, pasó a director de la oficina económica de Zapatero y actualmente es presidente de la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN), el lobby de las empresas constructoras en España. Pocas veces la realidad es tan evidente.