La semana pasada escribí un artículo denunciando la falta de democracia que existe actualmente en las estructuras europeas de poder. Recientemente, Jose Rodríguez ha salido en defensa del modelo descrito en la Constitución Europea, la cual en estos momentos se encuentra paralizada. Me gustaría, tras haber leído su crítica, profundizar en algunos puntos que comenta.

Tanto J.Rodriguez como yo entendemos que el neoliberalismo supone una regresión social en nuestras vidas, pero mientras yo identifico en la constitución europea un modelo neoliberal implícito, él piensa que es una “apuesta por la Europa de los ciudadanos y del parlamentarismo”. Trataré de argumentar por qué opino tal cosa.

En primer lugar hay que comprender que la Constitución Europea (CE) es un avance más en la línea de un proyecto que comenzó en 1957 con la creación de las Comunidades Económicas Europeas (CEE). Lo que en un comienzo fue un sistema estrictamente económico, orientado hacia la recuperación y expansión de los mercados alterados por la guerra y en la defensa del modelo capitalista occidental, se fue transformando en un proyecto más amplio que abarcaba nuevas competencias como la de seguridad y política exterior.

Si bien en sus inicios fue un sistema esencialmente socialdemócrata, donde las políticas estaban orientadas hacia la consecución del pleno empleo, fue adoptando desde 1973, y especialmente desde 1989, estrategias neoliberales donde la función primordial era controlar los precios.

La CE representa el sistema de ideas hegemónico, de la misma forma que en su tiempo el keynesianismo fue la base de las distintas políticas económicas. O lo que es lo mismo, es el resultado de la relación de fuerzas actual. Esto es importante para comprender que otro modelo es posible y factible si esta relación de fuerzas es distinta.

Pero vayamos a los argumentos. Como hemos dicho, mientras el Banco Central asumía políticas que se centraban en el pleno empleo, desde la entrada en vigor del Plan Delors en 1989 estas funciones se han prohibido y sustituido por el único esfuerzo de controlar la inflación, respondiendo favorablemente así a la doctrina neoliberal. Dicho Plan incluye además la independencia de los BC sobre las políticas del gobierno.

De esta forma, también el BCE constituye una institución antidemocrática, donde sus gobernadores tienen plena autonomía, no son revocables y no tienen responsabilidades sobre las políticas sociales. Esto no es sino un aspecto más en un marco establecido mediante tratados y que buscaba consolidarse con la Constitución Europea.

En cuanto a política fiscal, no estamos mejor. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, firmado en 1996, consideraba que no se podía exceder de un déficit superior al 3%, estableciendo multas a los infractores. Tales limitaciones en política fiscal carecen de lógica en un marco de libertades, pero adquieren todo su sentido si estamos hablando de las reglas de juego neoliberales.

Se habla de los presupuestos comunitarios, argumentando que son realmente pequeñas aportaciones. Efectivamente, actualmente los estados se comprometen con un 1’27% del PIB, y la CE incluía una rebaja hasta el 1’00%. Estos datos reflejan la incapacidad de la UE para afrontar gastos sociales y situaciones de crisis, al no poder incurrir en déficit. Especialmente cuando el 66% de los presupuestos están destinados a políticas agrarias.

Los procesos de privatizaciones, por otra parte, responden a las orientaciones de la UE, y muchas veces a normas implícitas en sus tratados. Así, el Acta Única (1986), Tratado de Maastricht (1992), la Moneda Única (1999) y el Pacto antes citado, absorben la política exterior, la monetaria y el tipo de cambio de todos los países, que condicionan el resto de políticas económicas. Además, desde 1993 la UE imprime publicaciones de Orientación, particularizadas para cada país miembro, incluida la materia de empleo (preconizando la precariedad).

Así, en todos sus tratados la UE habla de liberalización, flexibilidad y libertad para referirse a competencia feroz, precariedad y poder del más fuerte respectivamente. Y todo lo que en materia fiscal y monetaria quedaba claramente definido en unos límites rígidos, imposibles de cambiar (necesariamente por unanimidad), en avances sociales la retórica ha sido la nota predominante.

No se establece ninguna iniciativa que fomente la creación de empleo por la Unión, ni se establece ninguna política de empleo común, mientras que la política laboral sigue en manos de los países, siempre orientados desde comisiones especializadas. Hay que incidir, una vez más, que las reformas de la UE condujeron a unas políticas económicas que se olvidaron del “pleno empleo”, al que sustituyeron por un concepto de empleo que no diferenciaba entre precariedad y estabilidad.

En definitiva, la UE en su estado más reciente (reflejado en la CE) responde a las prerrogativas neoliberales y establece un rígido marco económico en el que se tienen que mover las políticas de los países. Tales fórmulas de administración condicionan el resto de aspectos de la economía, y tienen una incidencia negativa en las políticas sociales, que a diferencia de lo anterior, no se engloban en un marco de idéntica fortaleza que las defienda y salvaguarde de los ataques del capital, revelando, de este modo, la naturaleza del sistema.

En contra del discurso oficial, el rechazo de esta constitución supone una victoria para la izquierda. Para una izquierda que desee establecer una sociedad justa y solidaria, que no esté sujeta a los límites que imponen los neoliberales. Esa izquierda, si es capaz de superar la actual relación de fuerzas, será también capaz de ofrecer otra Europa donde todos se sientan seguros e identificados. Especialmente cuando en la situación internacional todo apunta a una próxima época de dominio europeo.

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