Durante unas horas de este viernes el rico empresario Amancio Ortega fue considerado por Forbes el hombre más rico del mundo. Su patrimonio es superior al PIB de más de 100 países del mundo. Justo un día antes su fundación donó diecisiete millones de euros a los hospitales gallegos para financiar equipamientos contra el cáncer. ¿Estamos pues ante un filántropo o ante un cuidado y atento ejercicio propagandístico? Me inclino por la segunda opción.

No es ésta una opinión infundada. Las empresas de Ortega se vieron implicadas en 2011 por el uso de mano de obra esclava en América Latina. Los trabajadores denunciaron condiciones inhumanas, con jornadas laborales de hasta 21 horas. A pesar del escándalo, aún en 2015 el gobierno de Brasil sigue exigiendo a las empresas de Ortega el cumplimiento de los acuerdos sobre derechos humanos.

Por otro lado, la millonaria donación ha sido bienvenida en los hospitales. No es para menos, pues la sanidad gallega está duramente golpeada por la política del Partido Popular. Ahora bien, no podemos permitir que nuestro sistema sanitario dependa de las donaciones voluntarias de los más ricos. Nuestro deber es, a mi juicio, proteger en la constitución tanto la naturaleza pública de la sanidad como su adecuada financiación. Para eso sólo hace falta voluntad política, no es un problema técnico. Eso significa la necesidad de un nuevo gobierno que mire por las clases populares, y en la tarea de lograrlo estamos inmersos.

Al mismo tiempo debemos garantizar que nuestro sistema fiscal funciona eficazmente y de forma progresiva -por cierto como establece la constitución española- de tal forma que nadie en nuestro país necesite agradecerle a Ortega su gesto caritativo. Una de las bases esenciales de un Estado con justicia social es que tenga mecanismos adecuados de solidaridad interclasista. Y, para ello, la mejor herramienta es, sin duda alguna, la capacidad para obtener ingresos por vía impositiva. Si los ricos de este país pagaran los impuestos que merecen pagar, ningún español carecería de acceso a una sanidad o pensiones públicas dignas y en condiciones. Hagámoslo posible; cambiemos el gobierno y construyamos un país del que poder estar orgullosos y que no necesite de gestos propagandísticos para mantenerse en pie.