Lo que está pasando en España con Sortu es una verdadera vergüenza, por más que los partidos políticos mayoritarios estén intentando asustar a la gente acerca de los peligros inminentes que afrontaría el país en caso de permitirse a una parte de la población poder votar a su partido político preferido. Lo que la ilegalización de Sortu está demostrando, por si no había quedado suficientemente claro antes, es que el poder judicial no sólo no es independiente del poder político sino que además es un perfecto heredero de la tradición judicial franquista. Estos hechos vuelven a dar razón a quienes han venido recordando durante estos años que en este país la transición se hizo con miedo y sin tocar ni a la oligarquía -que continúa gobernando España- ni a las instituciones judiciales. Y así nos va, con prohibiciones de partidos basadas en la mera sospecha.

Hace cuatro años escribí contra la ley de partidos y la filosofía que había detrás. Lo hice escribiendo una nota que recordaba un hecho histórico ocurrido a finales del siglo XIX también en España: la ilegalización de la Federación Regional Española (FRE) a instancias de la presión conservadora. Lo sorprendente, a tenor de lo que ocurre ahora, es que el Tribunal Supremo de entonces invalidó la ilegalización al considerarla inconstitucional.

Aprovecho la ocasión para traer de nuevo aquella nota, y adjunto un vídeo de humor -pero muy representativo- al final:

Ilegalizar partidos es antidemocrático (Diciembre de 2007)

Con la llegada de las elecciones ha llegado, de nuevo y como era de esperar, los debates sobre la ley de partidos, las peticiones de impugnación de las candidaturas de la izquierda abertzale, y las sonoras y descontroladas quejas de la derecha política contra todo lo que se mueve en sentido contrario al suyo; vamos listos.

Aunque no sea la opinión dominante, considerar que todos los grupos políticos tienen derecho a presentarse a unas elecciones es una reflexión de rasgos profundamente democráticos. Esto, que puede producir a muchos fuertes convulsiones, es algo que desde que surgió la moderna democracia burguesa viene siendo clave. Qué mejor que ilustrarlo con un hecho histórico.

A finales del siglo XIX la Federación Regional Española (FRE), que pertenecía a la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) y era en España de ideología mayormente anarquista, era la organización obrera más importante. Tras los acontecimientos de la Comuna de París, en 1871, dicho colectivo comenzaría a asustar sobremanera a los políticos españoles de la época.

El entonces ministro de Gobernación, Sagasta, acusaba a la AIT de querer “destruir la familia, destruir la sociedad, borrar la patria” y “hacer desaparecer por la fuerza todos los elementos de la civilización conocidos”. La presión conservadora, corriente política especialmente aterrorizada por el crecimiento y expansión del movimiento obrero, logró que el Congreso declarara fuera de la ley a la Federación Regional Española (FRE).

Sin embargo, la constitución de 1869 había apostado por la libre asociación de personas y por la libre expresión de las mismas, de modo que el Tribunal Supremo en un admirable ejercicio de práctica democrática se vio obligado a invalidar aquella ilegalización. ¡¡Y esto en 1871!! La Federación quedaba entonces legal en el marco de un Estado democrático todavía muy precario.

Tras las disensiones en su seno, los marxistas fueron expulsados de la Federación por la mayoría anarquista. Aquéllos formaron entonces la Nueva Federación Madrileña, germen de lo que sería en 1879 el Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Salvando las distancias, sorprende la actitud democrática que en 1871 llevó al Tribunal Superior a tomar aquella decisión, en contraposición con el hacer actual del mismo organismo, que más de 130 después se encuentra ocupado persiguiendo listas electorales.

Y es que hay que recordar que no buscan a terroristas, sino a personas vinculadas, con todo lo que ello significa en términos de subjetividad, con un movimiento político relacionado con la banda terrorista. Demasiado rebuscado para que no salte a la vista el engaño con el que están prostituyendo a la democracia. No sé qué quieren conseguir con esto, pero a veces me da por pensar que lo único que buscan es empeorar las cosas.

Diciembre de 2007