En la configuración del marco de Europa, hasta ahora, sólo han tenido cabida posiciones orientadas hacia una mayor expansión del libre mercado. Se nos ha vendido continuamente un modelo único, basado en el pensamiento hegemónico dominante en la actualidad, esto es, el neoliberalismo.

Sus medidas económicas, la vía de la salvación según ellos, no son nuevas, e incluso anteceden al socialismo de Marx. Son las mismas teorías que sirvieron para justificar órdenes sociales marcadamente desiguales y descaradamente injustos durante los dos siglos pasados, que ahora se camuflan bajo un falso marco democrático.

Debemos desenmascarar tal mentira comenzando por asumir que el neoliberalismo es por naturaleza profundamente antidemocrático. Según el capital privado va adquiriendo mayor poder práctico, las personas corrientes van quedando desvinculadas del mismo. La lógica de poder de cualquier gran empresa es el modelo democrático que quieren para Europa, es decir, la básica premisa de que quien más tiene, más manda.

El avance del libre mercado se asienta y constitucionaliza en las decisiones políticas que emanan de órganos con profundas deficiencias democráticas, y que no son en modo alguno resultado de la participación directa del ciudadano. Así pues, desde las altas esferas crean el rígido marco que luego despóticamente impondrán a base de información tergiversada.

El Acuerdo General para el Comercio de Servicios (AGCS), en vigor desde 1995, proclamaba la liberalización progresiva de los servicios esenciales, hasta ese momento bajo gestión pública. La idea básica desde entonces ha sido privatizar los servicios básicos, tales como la gestión de la limpieza y del agua. La principal consecuencia es que la prestación de los servicios ha pasado a regirse bajo criterios de rentabilidad y no de interés social, unido a la pérdida de acceso democrático a tales gestiones (1).

El Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI), redactado a escondidas en 1997 y fracasado antes de entrar en vigor, destacaba por su sinceridad, cuando llegaba a proponer la posibilidad de que cualquier empresa privada pudiera llevar a los tribunales a cualquier gobierno o asamblea legislativa que entorpeciera el libre mercado y así, claro, su enriquecimiento. El sueño liberal; la dictadura del empresariado.

La Constitución Europea, vendida en un fabuloso paquete que emplea la retórica para describir los avances positivos mientras solidifica las medidas que significan claramente regresiones sociales, es un obvio ejemplo de la estrategia neoliberal de acoso y derribo al estado del bienestar.

No en vano, el derecho a un empleo digno ha sido sustituido por el de la libertad de “buscar un empleo, trabajar y establecerse o prestar servicios en cualquier estado”, (2) y el acceso a una vivienda digna por “una ayuda en materia de vivienda” (3).

En cualquier caso todos estos intentos de crear un marco político que salvaguarde el desarrollo del libre mercado obedecen a la ideología dominante que, además, incapacita políticamente al estado en su función de responder ante las crisis que pudieran surgir. Es, en toda regla, un ataque a la soberanía del Estado y de la democracia.

La consecuencia es evidente. El incremento de las deficiencias sociales y de las desigualdades derivadas contrasta con el también aumento de poder de las estructuras oligopolistas que, en mano de avariciosos accionistas, representan realmente la naturaleza democrática de nuestra sociedad.

Tal vez este marco esté relacionado en algún aspecto, como dijo Galbraith, con el “placer de ganar en un juego en el que muchos pierden” (4).

Notas:

(1) En estos aspectos incidiré la semana que viene, analizando según casos particulares la forma en que afecta la privatización de los servicios básicos.

(2) Artículo II-75 Constitución Europea.

(3) Artículo II-94 Constitución Europea.

(4) Galbraith, J.K. (2003): Historia de la economía, Ariel Sociedad Económica, pag 240, (1989)

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