Por Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa

Las medidas económicas que están llevando a cabo los gobiernos para hacer frente a la crisis económica por la que atraviesan un gran número de países desarrollados están mostrándose claramente insuficientes e injustas. Insuficientes porque no resuelven el problema en su origen sino que se dedican a tratar de paliar los efectos a corto plazo antes que a sentar las bases de un sistema financiero y económico  sólido y estable. Son injustas porque su coste no está recayendo sobre aquellas entidades e individuos que originaron la crisis, sino sobre el conjunto de la población que nada tuvo que ver con su generación.

En las últimas semanas se están sucediendo los planes de estímulo a la economía con un fuerte contenido retórico en lo que a cambios estructurales se refiere, pero con una marcada tendencia regresiva.

En Estados Unidos el recién elegido presidente Barak Obama ha prometido la creación de 2,5 millones de puestos de trabajo, para lo cual ha elaborado un ambicioso plan de inversión pública que afecta a diferentes sectores (infraestructuras, tecnologías, energías…).

Por su parte, el presidente español, Jose Luís Rodriguez Zapatero, ha prometido también 300.000 empleos nuevos, creando para ello, entre otras medidas, un fondo de inversión pública y un fondo de ayuda a sectores estratégicos por valor de 11.000 millones de euros. Todas estas medidas están enmarcadas dentro de una estrategia económica que pretende estimular la economía por la vía fiscal, es decir, bien mediante  incrementos del gasto, bien a través de rebajas impositivas.

Estas inyecciones de recursos realmente improvisadas, indiscriminadas (puesto que no toman en consideración ni la responsabilidad en la gestación de la crisis ni siquiera el comportamiento inmediato de quienes las reciben) constituyen el principal pilar del plan anticrisis de la Unión Europea.

De un plumazo, pues, y sin que medie la más mínima justificación n autocrítica, se hacen saltar por lo aires las viejas consignas neoliberales del equilibrio presupuestario. Aunque no por ello se rompe (como algunos creen ingenuamente) con la lógica neoliberal que es la del apoyo constante al capital privado, que es para lo que se utilizan ahora estos incrementados recursos públicos.

En lo que se refiere al sector financiero, tanto Estados Unidos como España y la Unión Europea están destinando ingentes cantidades de dinero a rescatar y ayudar a las entidades en apuros. En ambos casos está sucediendo un fenómeno muy significativo: las inyecciones de liquidez no están fluyendo hacia las familias y las empresas, lo que era en última instancia el propósito de los planes de estímulo económico.

En Estados Unidos el multimillonario plan de Paulson, dotado con 700.000 millones de dólares, está siendo utilizado por los bancos para comprar otros bancos que se encuentran en peores condiciones y no, como debería, para canalizar ese dinero hacia la economía real. El dinero público está siendo en este caso la gasolina que aviva el fuego de la competencia empresarial en el ámbito bancario.

En Europa los bancos tampoco están transfiriendo el dinero concedido por el Banco Central Europeo (BCE) a la economía real, sino que están volviendo a depositarlo en el propio BCE a la espera de que se presenten buenas oportunidades para emplearlo en algún otro fin. Así, la cantidad de dinero depositada por los bancos en las partidas del BCE destinadas a albergar los excesos de liquidez ha superado los 200.000 millones de euros, alcanzando en algunos momentos los 300.000 millones. Antes de la crisis apenas se superaba las varias decenas de millones de euros al día.

Sin reformas de mayor calado todo este desembolso será en vano. Es cierto que representa una terapia paliativa que quizá alivie los efectos más dramáticos de la crisis y que podrá retrasar su fase más aguda, pero incluso a corto plazo únicamente servirá para que los bancos sigan jugando a lo único que saben jugar: buscar la obtención de las máximas rentabilidades posibles en un marco regulatorio que no se modifica. De hecho, el dinero público recién inyectado en forma de ayudas o de rescates está siendo utilizado por los bancos para seguir titulizando préstamos y procurando aumentar de esa forma las cifras de negocio, es decir, aumentando la bola que puede terminar por arrastrar al conjunto de la economía.

El sistema financiero sigue hecho añicos y no se está haciendo lo que es necesario para afrontar esa situación. Se requiere un tratamiento de choque a corto y medio plazo mucho más contundente y de ámbito global. Las soluciones propuestas en las conferencias internacionales no alcanzan a resolver el verdadero problema: la desnaturalización del sistema financiero y su desconexión con la economía real que lo ha hecho corromperse y quebrar.

No es tolerable que el dinero público se esté destinando a entidades que se aprovechan del mismo para incrementar los beneficios privados o llenar los agujeros ocasionados por la histórica estafa que ha sido la crisis de las subprime. No es tampoco tolerable que este dinero aparezca únicamente disponible cuando de salvar la cartera de los ricos se trata, mientras que se ha negado continuamente la posibilidad de emplearlo en mejorar las condiciones de vida de la mayoría de personas del mundo, tanto en países subdesarrollados como en países desarrollados. La pobreza, el hambre, la explotación o el cambio climático son males para los que se han destinado mínimas cantidades de dinero, y que ahora quedan realmente ridiculizadas al compararse con las ayudas a las entidades financieras.

Es hora de reclamar desde la izquierda propuestas alternativas.

Es urgente reivindicar la creación de un espacio financiero público que lleve consigo una nueva lógica de administración de los recursos financieros y que no se limite a reproducir la de las entidades privadas. Son necesarias normas que garanticen la subordinación del sistema financiero con respecto de la economía real. La actividad productiva requiere financiación y se acaba de demostrar que la lógica del beneficio privado falla y que no puede garantizarla siempre. Es preciso, pues, sustituirla con urgencia. Pretender que los bancos sean buenos administradores y generosos y que se comporten de modo más responsable y de forma menos especulativa y avariciosa es ya una ingenuidad peligrosa.

Es necesario acabar con la desregulación financiera imperante, esta ley de la selva que ha permitido que crímenes como la especulación en el mercado de futuros de materias primas haya sido posible. Es un requisito urgente e indispensable actuar de forma inmediata y radical contra los paraísos fiscales, hogar de la corrupción y el crimen financieros, y reclamar la supeditación del gobierno de los bancos centrales a los objetivos y políticas que respondan a las preferencias sociales democráticamente expresadas.

Es igualmente importante recuperar el papel del Estado, pero no podemos olvidar que al fin y al cabo el estado no ha dejado nunca de ser un instrumento y que lo importante no es que se utilice sino cómo se utiliza. Y por ello es preciso reinventar lo público haciéndolo completamente permeable a las demandas sociales y sujeto a la participación y al control social constante.

Es también necesario fomentar la creación de una institución internacional democrática que propugne políticas sociales y económicas redistributivas en un nivel internacional, y legisle en consecuencia. La democratización de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) es un paso de especial importancia en el camino de lograr una sociedad mejor.

Esas sí son tareas imprescindibles, urgentes e inmediatas. Lo que están haciendo es radicalmente insuficiente incluso para sus propios intereses: están tratando de salir del hoyo tirándose de los pelos.

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