Para la nueva edición de altereconomia.org, hemos escrito un editorial sobre los bancos centrales y la independencia de éstos del poder político. Se llama «Algo más que una falacia. La fraudulenta independencia de los bancos centrales». Para quienes no sepan qué son estas instituciones, para qué se usan y cómo se gestionan, escribo uno breves apuntes que pueden ayudar a comprenderlo.
Los Bancos Centrales son las entidades encargadas de dirigir la política monetaria de cada país o grupo de estados, es decir, de controlar la estabilidad de la economía y de los precios en la misma, a través de variables relacionadas con la cantidad de dinero. Más concretamente, los Bancos Centrales actuales, como el Banco Central Europeo (BCE), concentran sus esfuerzos en el control de la inflación, supeditando a este objetivo el resto de variables económicas (empleo, tipo de cambio, etc.), las cuales no son consideradas monetarias.
Controlan y determinan los tipos de interés, que es el precio del dinero, y se encargan de garantizar liquidez suficiente en la economía (hemos visto recientemente, por ejemplo, cómo el Banco Central Europeo ha salido en rescate de aquellos bancos afectados por la crisis hipotecaria, inyectando dinero en el sistema financiero). Como puede comprobarse, la capacidad de control sobre la economía que tienen los Bancos Centrales no es deseñable.
Sin embargo, los Bancos Centrales son instituciones independientes del poder político, es decir, tienen autonomía propia para realizar sus funciones. Los gobernadores tampoco son elegidos a través de procedimientos democráticos, sino mediante consenso político y garantizando que los escogidos carecen de lo que llaman «perfil político». En el caso del BCE, una vez elegidos ni siquiera tienen la obligación de rendir cuentas al parlamento.
Todo esto supone, lógicamente, que una parte importante del control de la economía queda lejos de la supervisión y control pública y democrática. Mientras los Bancos Centrales obvian problemas socioeconómicos importantes sobre los que sus actuaciones tienen importantes repercusiones, la población de un Estado es incapaz de acceder a ese poder tan importante, porque no existen mecanismos para hacerlo.
Sin embargo, los Bancos Centrales emiten comunicados de «asesoramiento» donde continuamente piden a los políticos que tomen medidas de sesgo marcadamente neoliberal, tales como introducir mayores grado de competitividad en los sectores y moderar los salarios. De hecho, se entiende, y se reclama desde el Banco Central, que las políticas económicas de los diferentes gobiernos de los estados, y de los sindicatos, tienen que ajustarse al objetivo de la inflación.
Este déficit democrático tan aberrante es justificado, por los liberales, aduciendo que se trata de una medida adecuada para mantener la gestión de la economía monetaria, y particularmente de la emisión de dinero, lejos de los intereses políticos de los grupos gobernantes en cada momento. Se trata, según argumentan, de garantizar la existencia de una entidad independiente capaz de llevar a cabo actuaciones de naturaleza exclusivamente técnica.
Lo que sucede es que están reconociendo, públicamente, que piensan que los ciudadanos somos tontos y que es necesaria la existencia de pequeñas tecnocracias muy poderosas. Una suerte de depotismo ilustrado que hace aguas por todos los lados. Su discurso es una pantomima que no sólo refleja su condición de prepotencia, sino que además oculta un interés político y económico más que evidente.
En economía no existen las medidas técnicas o apolíticas, porque toda actuación en este campo tiene importantes repercusiones que afectan de forma desigual a los diferentes sectores de una población. Subir los tipos de interes, o bajarlos, aunque sea visto como una manivela de fontanería que controla la cantidad de agua que entra o sale, afecta realmente de forma muy importante a las transacciones económicas, donde la relación de fuerzas económicas es decisiva.
Esta visión de técnicos en economía alejados del poder político, que orientan sus asépticas decisiones hacia el bienestar general, no es más que una maravillosa demostración de lo cínico que se puede llegar a ser en política. Son muchos los economistas que denuncian esta barbaridad moderna y antidemocrática, pero también son muchos, y más poderosos, quienes desde trincheras ideológicas al servicio de los más ricos apuestan por mantener estas estructuras y relaciones de poder tan injustas.
Y es que esta Europa que se está configurando, casi a imagen y semejanza de EEUU, es la misma Europa que ha aprobado por la vía rápida y de forma institucional (sin consultas populares) una constitución que ya fue rechazada por los ciudadanos franceses y holandeses en referendum. Ya nada nos extraña, desde luego; pero lo que indigna es que sigamos sin hacer nada y, sin embargo, pongamos el grito en el cielo cuando legítimos gobernantes de latinoamérica pretenden modificar sus constituciones vía referendum.
