Tal y como se anunció hace unos meses al parecer la Unión Europea sigue pensando en crear una agencia de calificación de naturaleza pública y orientada a disminuir el poder de las tres grandes agencias privadas estadounidenses. Algo que por cierto ya hizo ChinaComo ya comentamos, se trata de una medida correcta siempre y cuando elimine los conflictos de interés que existen en el sector y siempre y cuando se encuadre en una reforma mucho más amplia del sistema financiero. Como lo segundo es a día de hoy casi imposible, por lo menos sí podemos dar la bienvenida a esta nueva agencia pública.

Eso sí, si el objetivo es simplemente acabar con el «oligopolio» e incrementar de esa forma la competencia, tal y como aparece señalado en la nota de prensa, entonces es que no hemos entendido nada. Precisamente el principal problema de las agencias de rating -aunque no el único- nace en su naturaleza competitiva: realizan las evaluaciones de los mismos agentes (empresas o Estados) que les pagan bajo la presión de que si dicho agente no queda contento podrá contratar una agencia rival. Así pues, para lograr una mayor objetividad no hace falta más competencia sino menos y más independiente.

El problema no es nuevo. Nadie en su sano juicio consideraría adecuado que los miembros del sistema judicial tuvieran que competir entre ellos a la hora de evaluar si un presunto delincuente es culpable o inocente, y menos aún que éste último pudiera elegir al juez que más le parezca adecuado y pagarle asimismo su sueldo. Suena completamente absurdo, pero es a fin de cuentas el mismo fenómeno que se da en el mundo de las agencias de calificación.

Así pues la solución debería consistir en acabar con el negocio de las agencias de calificación privadas o, al menos, limitar ampliamente su poder (por ejemplo impidiendo que puedan dictaminar sobre la deuda pública). Y en su lugar debería introducirse un mecanismo independiente pero público de valoración crediticia, reconociendo también las imperfecciones de este tipo de análisis económico-financiero.

Ahora bien, mejor tener una agencia pública de calificación que no tenerla. Por eso me extraña, entre otras cosas, que el gobierno de España se haya opuesto. Con la que está cayendo, que incluso ya hasta el BCE reconoce que tiene que rendir cuentas ante las agencias, y todavía no se envalentonan para decir las cosas claras y poner a cada uno en su sitio. Quizás eso suceda cuando estemos en lo más profundo del hoyo, y para eso y a pesar de que pueda parecer lo contrario aún nos queda.