La asociación International Platform for Equal, Non-Transferable and 100% Paid Parental Leave (PLENT) y su parte española Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA) llevan varios años proponiendo a las distintas autoridades una reforma legislativa cuyo objetivo es reducir notablemente la desigualdad de género tanto en el mercado laboral como en el trabajo de cuidados. Esta propuesta consiste en que se le concede a cada progenitor permisos por nacimiento y/o adopción de tal manera que sean intransferibles, de igual duración, con la misma parte obligatoria y pagados al 100%.

Lo que se busca en esencia es que los derechos que concede la legislación a los progenitores (en forma de subsidios durante los días que se ausenten del puesto de trabajo para cuidar a sus hijos e hijas) sean exactamente iguales para los hombres que para las mujeres, algo que no ocurre en ningún país del planeta. En España el permiso de paternidad es de dos semanas, siendo intransferible (nadie salvo el padre puede disfrutar de él) y voluntario (el padre puede decidir si acepta el subsidio o no). El permiso de maternidad es de 16 semanas, siendo obligatorio e intransferible durante 6 semanas y voluntario y transferible a su pareja durante las 10 restantes.

Este particular diseño de los permisos se debe a una concepción tradicional de la división sexual del trabajo, según la cual el hombre debe ser el sustentador económico de la familia mientras la mujer debe ser la responsable de los cuidados (de niños, de adultos dependientes y del hogar).

Este desigual trato en los permisos de maternidad y paternidad empuja a las mujeres a quedarse en casa cuidando y a los hombres a continuar en el puesto de trabajo. De hecho, se puede observar cómo la brecha salarial entre hombres y mujeres aumenta a partir de la edad en que tienen un hijo o hija, y se plantean dos itinerarios vitales diferenciados para hombres y mujeres perjudicando claramente a las mujeres. Porque:

  • Frente a los empresarios las mujeres adquieren la etiqueta de “menos disponible para el empleo”, ya que en caso de ser madres se retirarían mucho más tiempo del puesto de trabajo que los hombres. Esto se traduce en que las mujeres tienen muchas más dificultades para acceder a empleos de mayor responsabilidad, dedicación y, por lo tanto, remuneración.
  • Las mujeres se ven solas en el cuidado de sus bebés, quedando obligadas a soportar exclusivamente sobre sus hombros todas las cargas inherentes a los cuidados, e impidiendo a los hombres que disfruten de sus hijos.

Las respuestas a este problema serían, por consiguiente: 1) equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad, 2) establecer los permisos como intransferibles, y 3) prestación económica del 100% de la base regulatoria correspondiente. De esta forma, a la hora de contratar los empresarios no discriminarían entre hombres y mujeres porque ambos se ausentarían del trabajo el mismo tiempo en caso de ser padres. A su vez, las ventajas y desventajas de cuidar a los niños se reparten de forma igualitaria entre padres y madres. Es importante que los permisos sean intransferibles porque de no serlos, se correría el riesgo de que fuesen los hombres quienes cediesen parte de su permiso a las mujeres, ya que todavía existen en nuestra sociedad valores que consideran a las mujeres más aptas para dedicarse al cuidado y fuerzas sociales que empujan en esa misma dirección. También es crucial que el subsidio sea del 100% para evitar que los padres y madres renuncien a algunas semanas de cuidado por motivos económicos.

El coste económico de la medida no es elevado. Según datos de la Seguridad Social el gasto en permisos de maternidad alcanzó en el año 2014 los 1.585 millones de euros, mientras que el de los permisos de paternidad supuso 201 millones. La equiparación completa de los permisos costaría la diferencia de esas dos cantidades: 1.384 millones de euros. Se trata de una cantidad igual a la que cuesta construir 75 kilómetros de AVE, o 26 veces inferior a lo que dedica el Estado a pagar a acreedores financieros por los intereses de la deuda pública. Además, como su implantación sería progresiva durante 6 años, el coste por cada año no superaría los 230 millones de euros, que es una cantidad levemente superior a lo que costó levantar el aeropuerto sin aviones de Castellón.

Teniendo en cuenta esta filosofía, no se entiende por qué en la mayoría de países europeos la tendencia es aumentar los permisos de maternidad. Esto a primera vista podría parecer positivo, pero no lo es cuando se tiene en cuenta que existe una discriminación por sexo que penaliza a las mujeres tanto en el mercado laboral como en el ámbito doméstico. Por todo ello, lo primero que hay que conseguir es una equiparación entre los permisos de paternidad y maternidad, y después, la ampliación en la duración de los mismos hasta el momento en el que los hijos puedan pasar a ser cuidados en escuelas infantiles públicas. Además, sólo así podría hacerse justicia: es absolutamente incomprensible que a pesar de que las hombres coticen lo mismo o más por su trabajo que las mujeres, tengan menos derechos de paternidad que las madres.

Por supuesto, la propuesta también tiene en cuenta a cualquier tipo de familia, no sólo la conformada por una madre y un padre (familias monoparentales, de padres o madres del mismo sexo, etc.).

En definitiva, podría decirse que es una medida de fácil adopción y de coste asequible que permitiría lograr un avance notable en ese noble objetivo que pretende la igualdad en derechos de hombres y mujeres.